Desde que el gobierno ha aprobado la Ley 18.795 que promueve la creación de viviendas de interés social a través de diferentes exoneraciones impositivas a las empresas constructoras y a los inversores, así como también la implementación de numerosos planes de financiamiento que alcanzan montos comprendidos entre un 70 y 90 % del valor total del inmueble; se han presentado una gran cantidad de proyectos en la oficina de la presidenta de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV), la Sra. Cristina Fynn.
Para ser más precisos, en los 16 meses que han pasado desde que se aprobó la ley, la Sra. Fynn ha recibido unos 150 proyectos lo que implica la construcción de aproximadamente unas 5.500 viviendas. Esta opción ha atraído a los inversores privados, que ya no necesariamente provienen de Europa o Estados Unidos, y se interesan en construir lujosos edificios en la rambla de Montevideo o en Punta del Este para poder venderlos a precios altísimos; sino que en su mayoría provienen de Argentina, Brasil, Chile, y Paraguay, que atraídos por los beneficios fiscales que les otorga la ley y la rentabilidad a corto plazo, que ven con muy buenos ojos ésta oportunidad de negocios para invertir en ella.
